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Uber aporta millones al gobierno de la Ciudad de México pero no se sabe qué se hace con ese dinero

Hace más de dos años, Ciudad de México comenzó a regular a Uber y otras aplicaciones de transporte privado. En una de las ciudades más contaminadas y con más tráfico del continente, estas empresas recibieron el permiso del gobierno de operar casi sin frenos: solo necesitan registrar el vehículo y aportar un 1.5% de la tarifa de cada viaje a un fondo de movilidad.

En su momento, la ley fue aplaudida e incluso el medio colombiano Semana se preguntó si podría ser este un ejemplo para su país. Sin embargo, hoy esta regulación deja muchas dudas. Hasta el momento, el gobierno local no ha sido claro sobre qué hará con los millones de pesos en el fondo, que debe financiar infraestructura pública. A su vez, los resultados del reglamento sobre el tráfico y el sistema de transporte han sido opacos y el gobierno de la Ciudad de México no ha vuelto a evaluar el impacto de estos servicios en la movilidad urbana.

De los 77 países donde opera Uber, México es el tercero más importante en términos de usuarios, después de Estados Unidos y Brasil, con más que siete millones de clientes. Y esta no es la única empresa de su tipo, con alternativas como Cabify e Easy invirtiendo para crecer sus operaciones en México, las cuales también deben aportar a este fondo.

Un fondo poco transparente

La Secretaría de Movilidad (Semovi) autorizó el 15 de julio de 2015 el reglamento que legalizó las operaciones de Uber y otras aplicaciones de transporte. Pasó más de un año para que se estableciera elFondo para el Taxi, la Movilidad y al Peatón, un fidecomiso privado creado el 31 de agosto de 2016.

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